¡Es la convivencia!

COMPRENDER LAS CLAVES de un sistema avanzado, democrático y equitativo de convivencia y ponerlas en juego es el empeño más noble al que las sociedades modernas y sus representantes políticos pueden dedicar hoy sus afanes. Una de esas claves es, indudablemente, la diversidad lingüística y su gestión.

Parece una obviedad. En España no lo es.

Buena prueba de ello es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatut. No es casualidad que la misma sentencia que desvirtúa el concepto de nación (“nación no hay más que una, la española”), venga a sugerirnos que LENGUA con mayúsculas –obligada y obligatoria– sólo hay una, y que las otras son de menor rango. Según eso, la España multilingüe no existe, sino que sólo existe una serie de territorios con cierta particularidad bilingüe, y ni siquiera en esos territorios la llamada lengua común y la lengua propia oficial podrían gozar de idéntico rango constitucional.

Quienes así piensan deberían hablar abiertamente de lengua única, porque eso es, y no otra cosa, lo que persiguen. Anclados en el discurso de España como Estado-Nación, sostienen, más o menos abiertamente, que lo que corresponde es una lengua común-única. Es el viejo y discriminador paradigma del “estado/nación/lengua”, frente al paradigma del multilingüismo.

No es sólo una u otra lengua (incluido el castellano, que es también mi lengua) y sus respectivos hablantes los que sufren menoscabo por las prácticas hegemonistas, sino la propia convivencia. Quienes defendemos una perspectiva armonizadora de la política lingüística rechazamos tanto el darwinismo lingüístico, que tiende a liquidar a las lenguas no hegemónicas en base a una pretendida selección natural, como a los estériles voluntarismos que sueñan con un imposible e indeseable “monolingüismo aspirante”.

Sabemos que el futuro de nuestras lenguas (de todas ellas) está sobre todo en manos del compromiso y adhesión lingüísticos de sus hablantes. Nada puede hacer tanto por una lengua como sus hablantes, cierto, pero los poderes públicos deben poner en juego los elementos necesarios para corregir las asimetrías deudoras de un discurso ya superado por la dinámica social en todo el orbe, y muy señaladamente en los territorios bilingües del Estado español.

 

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