El euskera y la carta europea de las lenguas minoritarias

El Consejo de Europa elogia la creación de ELEBIDE y anima a las autoridades vascas a “perseverar en la normalización del euskera en la Ertzaintza y Osakidetza”.

Llama la atención sobre los déficits de la Administración de Justicia y la Administración del Estado.

 Recientemente se ha dado a conocer el informe que recoge el segundo ciclo de supervisión sobre el grado de aplicación de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias en el caso del Estado español. Se trata de un mecanismo de control para evaluar el modo en que la citada Carta se aplica en cada uno de los países miembros del Consejo de Europa. Así, se realiza un diagnóstico periódico de la situación concreta con miras a formular recomendaciones, si se estiman necesarias, para la introducción de mejoras en la legislación, en la política y en las prácticas de cada Estado.

 El Gobierno español suscribió la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias el 5 de noviembre de 1992, y la ratificó el 9 de abril de 2001. De ese modo, la Carta entró en vigor en el Estado español el 1 de agosto de ese año. Si bien es cierto  que en España la responsabilidad de la aplicación en la práctica de la Carta recae, en gran medida, en la administración de las comunidades autónomas, el Comité de Expertos recuerda en su informe que “es el Gobierno español el que tiene la responsabilidad general y final de velar por la aplicación práctica de la misma”.

   El segundo informe de evaluación, cuyos resultados se dan ahora a conocer, se basa en la información obtenida por el Comité de Expertos designado a tal efecto a través del segundo informe periódico de España y de entrevistas celebradas con responsables de gobiernos autónomos con lenguas propias diferentes al castellano, con representantes sociales de dichas lenguas y con las autoridades españolas durante la visita cursada del 10 al 14 de septiembre de 2007.

 En el informe el Comité de Expertos encomia a las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia y País Vasco por las políticas estructuradas adoptadas con miras a reactivar y normalizar sus respectivas lenguas. El Comité de Expertos elogia asimismo estas Comunidades Autónomas por haber firmado un acuerdo de cooperación de tres años para intercambiar experiencias en cuestiones de política lingüística. Este acuerdo que, tal y como recoge el informe, hace referencia a la Carta y a las recomendaciones realizadas por el Comité de Ministros, muestra el firme compromiso de dichas Comunidades Autónomas con el pleno cumplimiento de la Carta.

 El Consejo de Europa señala que “las autoridades vascas han mostrado un firme compromiso con el desarrollo lingüístico del euskera a través de la adopción de políticas y medidas concretas y, en particular, del reciente establecimiento de ELEBIDE”.

 En el apartado correspondiente a la situación del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca se destaca, en primer lugar, el desarrollo de las medidas contenidas en el documento “Futuro de la política lingüística/Proyecto 2005-2009”. Asimismo, elogia al Gobierno Vasco por la creación del servicio ELEBIDE, cuyo objetivo consiste en velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Es inevitable recordar que la creación de Elebide mereció en su día una valoración negativa por parte de quienes habitualmente consideran insuficiente lo que el Gobierno y las instituciones vascas vienen haciendo a favor del desarrollo del euskera, así como por parte de quienes también sistemáticamente consideran excesivo casi todo lo que se hace en beneficio del euskera. Para los primeros,  velar porque se cumplan los derechos lingüísticos no le corresponde a un servicio de titularidad pública, como es Elebide. Para los segundos, con Elebide se correría el riesgo de  intromisión en el ámbito privado y podría suponer un ataque al castellano. Para el Consejo de Europa es una medida tan positiva que constituye motivo de elogio expreso a las autoridades vascas.

 El informe contiene numerosos reconocimientos de cumplimiento de recomendaciones y compromisos por parte de las instituciones vascas. Vamos a obviar la enumeración de todas ellas. Junto a los diversos reconocimientos y elogios, el informe se hace eco también de algunas inquietudes.

 Entre los organismos dependientes del Gobierno vasco, las quejas recibidas en torno a OSAKIDETZA y a la ERTZAINTZA son motivo de inquietud para el Comité de Expertos, como consecuencia de que “el personal carece del conocimiento necesario de la lengua vasca”. En el primero de los casos, se constatan las “dificultades” de los pacientes “para ser recibidos y tratados” en euskera. La contratación organizada en OSAKIDETZA no incluía el euskera como requisito hasta 2006. Ese año, la lengua vasca fue obligatoria para el 20% de 3000 puestos ofertados. El Comité dice ser consciente “de las dificultades prácticas a las que se enfrentan las autoridades” vascas para aplicar los compromisos de atención bilingüe, “elogia los esfuerzos realizados y entiende que debe mejorarse la situación actual”, al tiempo que  “les anima a perseverar en ese camino”.

 También en este caso cabe extraer dos conclusiones, a diferencia de determinadas valoraciones extremas que estamos habituados a escuchar:

 1. Se están haciendo esfuerzos por mejorar y se está mejorando. No hay, por tanto, ni excesos ni dejaciones.

2. Hay que mejorar: la atención bilingüe  es todavía un objetivo a conseguir que exige seguir adoptando medidas eficaces. Precisamente por eso no contribuyen a solucionar este déficit las actitudes que rechazan sistemáticamente cualquier medida dirigida a prestar un servicio bilingüe. Algunos pretenden situar los servicios vascos de salud fuera de la zona de cobertura del bilingüismo. Atender las recomendaciones del Consejo de Europa nos exige a todos actitudes positivas, nos exige propuestas, nos exige abandonar las  actitudes de rechazo.

 En otro orden de cosas, el Consejo de Europa recuerda a las instituciones vascas la necesidad de desarrollar la legislación vigente en algunos ámbitos de actuación, y les anima a que lo hagan. En concreto el Consejo de Europa hace referencia a la necesidad de aprobar “decretos” para el desarrollo de normas legales como la Ley 6/2003 de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en los siguientes términos: “El Comité de Expertos anima a las autoridades vascas a adoptar el decreto correspondiente para la aplicación del marco legal existente”.

 Esta consideración del Consejo de Europa ha sido satisfecha por el Gobierno Vasco mediante el decreto 123/2008, sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias. Sin embargo, también este decreto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de quienes todo les parece excesivo. Aquello que para el Consejo de Europa es positivo y necesario, entre nosotros para algunos es una imposición que debe ser combatida. Y, para otros, curiosamente es totalmente insuficiente. Sería bueno que todos hiciéramos el esfuerzo de interiorizar un principio que se observa en las diversas y numerosas valoraciones del Consejo de Europa: el principio de la progresividad, de la mejora permanente, del avance constante.

 En el ámbito de la enseñanza, el informe anterior alentaba a asegurar la disponibilidad del modelo D en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca y en los tres niveles de educación correspondientes, lo que posteriormente fue objeto de una recomendación aprobada por el Comité de Ministros. En esta ocasión, se dan por buenos los progresos efectuados y el Comité de Expertos considera que los compromisos adquiridos se están cumpliendo, “y toma nota de que la educación en euskera está aumentando”.  No obstante, aun reconociendo los pasos dados por el Gobierno Vasco, el Comité de Expertos estima que “aún pueden realizarse mejoras con respecto a la enseñanza técnica y profesional”.

 Por otro lado el Comité de Expertos resalta el importante aumento de las ayudas destinadas a los medios de comunicación en euskera. Cabe recordar que en el anterior informe la única recomendación realizada en relación a los medios de comunicación en lengua vasca consistía en promover la presencia del euskera en lo medios de comunicación electrónicos privados. En este sentido, en el periodo 2005-2008 las ayudas destinadas por el Gobierno Vasco a los medios de comunicación electrónicos han aumentado un 119 %, mientras que el número de proyectos presentados en el mismo periodo son prácticamente los mismos, 26 en el año 2005 y 25 proyectos en el año 2008.

 Asimismo, en el anterior informe entre las recomendaciones del Comité de Expertos figuraban las siguientes:

 1. Promover la cooperación a través de las fronteras entre comunidades en cuyos territorios se hablara la misma lengua (en el caso del euskera entre la Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra e Iparralde).

2. La conveniencia del establecimiento de una “estrecha cooperación” entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra en materia lingüística, especialmente en el ámbito de los medios de comunicación y la educación.

 En este contexto el Consejo de Europa se felicita por el “cambio histórico” que se ha producido en la relación entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra tomando como eje la lengua vasca. Hoy día existe un flujo de intercambio de información donde antes solo había incomunicación. Deseamos que se pueda profundizar en esta relación para alcanzar niveles de colaboración imprescindibles en beneficio del desarrollo del euskera, desde el máximo respeto al los ámbitos de decisión de cada comunidad autónoma.

 Asimismo el Consejo de Europa valora positivamente el convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Office Public de la Langue Basque, así como el programa de ayudas económicas del Gobierno Vasco dirigido a organismos privados de Iparralde que trabajan para promover el uso del euskera. Este programa de ayudas se gestiona en el ámbito del citado convenio de colaboración, convenio que, asimismo, impulsa la cooperación en los ámbitos de la euskaldunización de adultos, toponimia, terminología e investigación sociolingüística.

Para finalizar con las observaciones referidas a las instituciones vascas, cabe resaltar que, a diferencia de los anteriores informes, en este caso ninguna de las seis recomendaciones del Consejo de Ministros se refiere a los poderes públicos vascos. En el caso del Gobierno Vasco, esto no es motivo de autocomplacencia, ni de bajar la guardia, sino una motivación para seguir trabajando en la misma línea promoviendo, eso sí,  el mayor grado de implicación y consenso posible.

 Entre los déficit, destacan por su especial relevancia las valoraciones referidas  a la administración del estado, de manera especial la justicia y los medios de comunicación de titularidad estatal. El documento señala que los ciudadanos vascos siguen recibiendo notificaciones y citaciones de los tribunales de justicia en castellano y que cuando solicitan que los procedimientos se lleven a cabo en euskera éstos se retrasan o suspenden debido a la falta de disponibilidad de intérpretes. En este sentido, los expertos recuerdan al Gobierno español que los procedimientos deberán llevarse a cabo en euskera si una de las partes así lo solicita. En vista del escaso número de jueces que dominan el euskera, prosigue el informe, “el resultado práctico de esta decisión no está en consonancia con las obligaciones dimanantes de la Carta”.

 Así, el Comité alienta al Estado a modificar el marco jurídico para que quede claro que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas de la Comunidad Autónoma Vasca llevarán a cabo los procedimientos penales en euskera a petición de una parte. De igual manera, le pide que adopte las medidas necesarias para incrementar el porcentaje del personal de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma Vasca, “a todos los niveles y, en particular, entre los jueces y fiscales”, que puedan emplear el euskera “como lengua de trabajo en los tribunales”. No obstante, se recuerda que el ámbito de la justicia es uno de los que plantea más obstáculos para el cumplimiento de los compromisos recogidos en la Carta Europea, “ya que existe un problema estructural”. Conviene tener en cuenta que son muy limitadas las posibilidades de actuación de los poderes públicos vascos en el ámbito de los jueces y fiscales: no alcanzan más allá de las tareas de fomento (de hecho el Gobierno Vasco ha ido adoptando diversas medidas de fomento).  Las instituciones vascas no tienen competencias en el ámbito del poder judicial: son los órganos del poder judicial de España quienes pueden –y deben- adoptar medidas para el cumplimiento de la legislación lingüística en ese ámbito.

 En este contexto, es obligado que nos refiramos a la actitud obstruccionista del Ministerio de Justicia del Gobierno español en materia de normalización lingüística en la Administración de Justicia en Euskadi.  Hace menos de dos meses el citado Ministerio de Justicia formalizó un requerimiento por el que instaba al Gobierno Vasco a la anulación del Decreto de  normalización lingüística en la Administración de Justicia en Euskadi en los servicios y personal transferidos. Evidentemente el Gobierno Vasco ha acordado no acceder al cumplimiento del requerimiento, convencidos de que nos asiste la razón legal y política. Esto es sencillamente inconcebible: el Ministerio de Justicia actúa como el perro del hortelano, ni hace ni deja hacer, ni adopta medidas que le reclama incluso el Consejo de Europa y, además, trata de impedir que las adopte el Gobierno Vasco en el ámbito de las competencias de éste.  No es ésta la actitud que reclama el Consejo de Europa.

 Para los firmantes del informe, entre los funcionarios del Estado que trabajan en el País Vasco el porcentaje de quienes tienen el conocimiento exigido de euskera es “considerablemente bajo”, el 16%. Esto contrasta radicalmente con el porcentaje de la administración vasca, el 44%. En esa línea, apuestan por corregir esa situación y también por incrementar el número de impresos bilingües en las entidades dependientes del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca.

 El Comité de Expertos alienta a las autoridades españolas a examinar la estructura de carrera y de formación establecida en la Administración Pública del Estado, con miras a asegurar que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en las dependencias de la Administración del Estado situadas en el País Vasco tiene el conocimiento necesario del euskera para utilizarlo como lengua de trabajo.

  De forma más genérica, el Comité de Expertos ha recibido quejas y ha observado durante la visita en el terreno que la situación en lo que respecta a los medios de difusión estatales no refleja la naturaleza plurilingüe del Estado, incluso en las zonas en las que se hablan lenguas cooficiales. Además, señala que los conflictos lingüísticos están presentes en los medios de comunicación o a través de las declaraciones de las autoridades públicas, propiciando un clima de confrontación y tensiones entre las comunidades lingüísticas. Por ello, el Comité insta a las autoridades españolas a corregir su actuación en este ámbito.

 De idéntica manera, se alienta a las autoridades españolas a tomar medidas para aumentar la sensibilización y la comprensión de las lenguas regionales o minoritarias en el Estado. Asimismo, se les insta a reflejar la riqueza lingüística en los medios de comunicación estatales impresos o emitidos por radio y televisión, con miras a reflejar la naturaleza plurilingüe del Estado y a fomentar el respeto, la comprensión y la tolerancia de las lenguas habladas en su territorio.

 El informe asegura que en España sigue siendo necesario hacer comprender a la población general el valor cultural del plurilingüismo, ya que la población exclusivamente castellano parlante que reside en las comunidades autónomas que no tienen lengua cooficial “parece considerar esta cuestión más bien como un problema que se ha de superar que como una indicación de la riqueza cultural que ha de fomentarse”.

 En definitiva, tal y como señala el informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa, el estado debe adoptar medidas que posibiliten el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano en el ámbito de sus instituciones, en la administración de justicia, en las sociedades estatales y empresas de servicio públicas como CORREOS y RENFE, y en los medios de comunicación social dependientes del estado o de cualquier ente público. Esto que hoy reclama el Consejo de Europa obviamente no es ninguna reivindicación nacionalista: simplemente es el cumplimiento de un precepto constitucional, tal y como hemos señalado en varias ocasiones. En efecto, la practica lingüística sostenida por los medios de comunicación social de titularidad estatal (en concreto, RTVE) incumple la Constitución, puesto que ignoran el euskera, aunque la Constitución les establezca la obligación de tener en cuenta “las diversas lenguas de España”. Esto, tras 30 años de Constitución, es inconcebible.

 La sociedad del estado español es una sociedad plurilingüe, pero la práctica de las instituciones centrales es propia de un país monolingüe. El plurilingüismo es hoy todavía una cuestión sin resolver en el Estado español. La cuestión del plurilingüismo debería ser elevada a la categoría de política de Estado, si verdaderamente queremos ser un Estado plurilingüe. Alguna otra vez hemos señalado que nos gustaría que el estado español fuera no solo creyente sino también practicante del plurilingüismo: sin embargo, no sabemos si todavía no estamos en la fase en la que tenemos que reclamar que sea al menos creyente, porque qué otra cosa se puede pensar de un estado con tantas instituciones que ignoran o no prestan la mínima atención exigible a las otras lenguas (por ejemplo, hoy es el día en que mientras en el Parlamento europeo se puede intervenir en euskera, no es posible hacerlo en el Congreso de Diputados, por no volver a referirnos a la Justicia o a  los medios de comunicación de titularidad estatal).

 Que respiren tranquilos los que enfrentan la lengua común al resto de las lenguas. No se trata de relegar el castellano. Se trata de sumar, se trata de hacer un hueco a las otras lenguas. No pretendemos que un joven de Extremadura o Andalucía conozca el euskera, el catalán y el gallego al igual que el castellano; pero sí se trata de que para un joven de Extremadura, Andalucía, Galicia o Cataluña el euskera y la cultura creada en euskera no sean tan lejanas y desconocidas como pudieran ser para un joven de Eslovenia. Por eso mismo, el sistema educativo del Estado español no debería vivir de espaldas a la realidad plurilingüe de la propia sociedad. El vivir de espaldas y la ignorancia son el mayor enemigo de la convivencia.

 Por eso creemos que las lenguas diferentes al castellano no pueden seguir siendo las grandes ausentes de las instituciones del estado. Pretendemos, como acertadamente reclama el Consejo de Europa, que las instituciones del estado hagan pedagogía social a favor del plurilingüismo real y efectivo en todo el estado, que fomenten el conocimiento, respeto y aprecio de la diversidad lingüística por parte de la ciudadanía de todo el Estado. Pretendemos, tal y como dice el Comité de Expertos, que aumenten la sensibilización y comprensión de otras lenguas del estado. Simplemente le pedimos al estado que crea de verdad en los valores positivos de la diversidad lingüística y que practique esa pluralidad lingüística consustancial a España y Europa.

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